En prisión preventiva quedaron los cuatro venezolanos miembros de una célula del Tren de Aragua que fueron detenidos en un departamento en Santiago Centro el martes pasado.
El Ministerio Público pudo acreditar los delitos de asociación criminal, trata de personas con fines de explotación sexual, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Además, el delito de homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y premeditación, por la muerte de un sujeto integrante de la misma banda que fue encontrado en una maleta en la comuna de Colina, cuya investigación destapó la red de explotación sexual que lideraban.
En un principio se hablaba de dos mujeres explotadas en el caso, sin embargo, durante la audiencia se conoció que se trataba de al menos 30 mujeres y entre ellas había menores de edad con documentación falsa.
Coordinados por líder en Venezuela
La célula contaba con sus líderes en Venezuela, mientras en Chile había integrantes de menor rango.
El fiscal Sergio Soto, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, detalló sobre el modus operandi que "las mujeres que eran ingresadas a nuestro país con el objetivo de explotación sexual concretaban estos encuentros no de manera directa con clientes chilenos, sino que estas personas nacionales a través de páginas web hacían contacto supuestamente con estas mujeres, pero en definitiva quienes respondían eran ciudadanos venezolanos que estaban en Venezuela".
En ese sentido, precisó que al sujeto en el país caribeño le llamaban "Llavero" y él "una vez acordado el servicio sexual, reenviaba la información de la mujer que fue elegida por el cliente chileno y al lugar donde tenían que trasladarse".
"Esa información era recepcionada por el integrante que está en nuestro país, este tal taxista, que en definitiva se mantenía pululando por diversas comunas de Santiago con todas las mujeres a bordo", indicó.
Asimismo, estas mujeres se les cobraba una multa de 5 millones de pesos por ingresar al país y tenían que rendir $300.000 a la semana, de los que $200.000 era para abonar la deuda; $50.000 para alojamiento, y $50.000 para alimentación.
El incumplimiento de esta regla derivaba en torturas. Las amarraban y las privaban de alimento y agua, mientras que sus compañeras no podían ayudarlas.
Los cuatro imputados cumplirán la prisión preventiva en el módulo de alta seguridad de la cárcel de Rancagua, en la Región de O'Higgins, y se decretó un plazo de 240 días para la investigación.
Subsecretario Cordero: Clientes son del "sector oriente de Santiago"
El Ministerio Público confirmó que está trabajando junto a la PDI para determinar quiénes fueron los hombres que contrataron los servicios sexuales.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que los clientes sabían perfectamente que se trataba de adolescentes.
"Los clientes de explotación sexual infantil en estos casos eran clientes domiciliados en Vitacura, en el sector oriente de Santiago, y, por lo tanto, respecto de ellos también se va a ejercer la persecución penal", dijo la autoridad de Gobierno.
"Este es un tipo de delito que no solo implica el punto de vista de la comisión del delito, la vulneración de derechos, sino que también respecto de quien participa de esos delitos, requiriendo estos servicios. Tal como informó la policía cuando dio cuenta de la detención de estas personas, quienes requerían y quienes actuaban como clientes tenían perfecto conocimiento que eran menores de edad", enfatizó Cordero.
