La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el año pasado un recurso de protección presentado por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio y ordenó el desalojo de terrenos tomados en el cerro La Virgen, ubicado entre las comunas de San Antonio y Cartagena, dando un plazo de cuatro meses para que los ocupantes abandonen el lugar.
Pese a las protestas y reuniones con diversas autoridades, esta semana la Corte Suprema respaldó el fallo de alzada y confirmó el desalojo de esta toma, que reúne alrededor de 3.000 familias en un paño de 260 hectáreas, donde se pueden encontrar viviendas y edificaciones de material ligero, además de tiendas y alumbrado público realizado por conexiones ilegales al tendido eléctrico.
"Todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar", indicó el fallo del máximo tribunal.
Asimismo, se indicó que "se dispone, desde luego, el desalojo inmediato con auxilio de la fuerza pública en caso de oposición".
Cabe recordar que la extensión de este asentamiento impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
POBLADORES CUESTIONAN EL DESALOJO
El dictamen causó molestia en las familias que viven en esta megatoma, quienes acusan que pese a reunirse con autoridades de Gobierno, no se ha logrado avanzar en una solución.
Karina Ayala, quien representa a una agrupación de habitantes del lugar, el lunes fue recibida por el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sin embargo, declaró que "no hubo ningún resultado, solo píldoras, porque no hay ningún acuerdo firmado desde el Gobierno, nos quieren sacar de un lugar donde nosotros hemos construido un barrio. El catastro es solamente plata mal gastada porque no nos sirve ante un eventual desalojo".
Mientras que Jessica Ávila, parte de la misma agrupación, indicó que "nosotros no queremos que nos saquen del Cerro Centinela, nosotros no queremos ratoneras, porque eso es lo que están entregando, son departamentos muy chicos que tú tienes que ver si pones una cama o pones un mueble, y yo no quiero, y nadie del cerro quiere eso. Nosotros queremos nuestros terrenos, donde estamos luchando, queremos la radicación".
Finalmente, el abogado de la agrupación, Felipe Olea, explicó que "en este caso lo que se le está pidiendo es que el Estado haga uso de los miles de subsidios que existen y que efectivamente compre el terreno, porque las casas ya están construidas, esta es una población que ya existe, en donde sus calles, sus avenidas, locales comerciales, distintas urbanizaciones ya existen, lo que hoy falta es el timbre para que el Estado se haga cargo y entienda que acá en San Antonio ha nacido una nueva población".
"Mientras el Estado está ausente genera un riesgo latente de que cualquier emergencia las pueda hacer sucumbir. En su mayoría son familias, en este caso integradas por madres y sus hijos, personas que no han podido de otra forma buscar una solución habitacional, no es posible que el Gobierno siga tramitando", cerró el jurista.
