Luego de que las isapres informaran a sus afiliados sobre el monto y plan de devolución cobrado en exceso, generado después de la aplicación del fallo de la Corte Suprema a la Tabla Única de Factores, parlamentarios aseguraron que fue una "oportunidad perdida" para las aseguradoras privadas.
Con cerca de 700 mil afiliados involucrados en este proceso, varios han expresado su molestia por el plan -aprobado por el Congreso- que ha permitido a las isapres hacer devoluciones en hasta 156 meses, por lo que algunas personas recibirán hasta mil pesos mensuales en 13 años, según sea el caso.
El diputado Tomás Lagomarsino (ind-PR) dijo que "con la decisión que adoptan de devolver 180 pesos en 13 años, las isapres han desaprovechado una oportunidad, un momento en el cual pudieron haber restituido su legitimidad, haber mejorado su cara ante la ciudadanía, pero lamentablemente nuevamente pierden una oportunidad y se deslegitiman mucho más de lo que están hasta el día de hoy".
Por su parte, el independiente Félix González añadió que "por eso algunos de nosotros votamos en contra de esta ley de salvataje de las isapres, porque legalizaba un robo y para poder compensarla para poder pagarle a los afiliados le permitía volver a subir los planes y pagar en plazos irrisorios, por eso es que hay personas que están recibiendo 400 pesos".
En tanto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) hizo ver que "el afiliado que quedó disconforme aún tiene la posibilidad de acudir a la Superintendencia de Salud, la que tiene la facultad de rechazar o aprobar los planes, y también eventualmente llegar hasta una judicialización".
"Si existe un ánimo de establecer mejoras, preferiría que se viera en la reforma a la salud, que actualmente se discute en el Congreso", complementó.
Álvaro Erazo, exministro de Salud, calificó la situación en El Diario de Cooperativa como un "mal chiste" para los afiliados y aseguró que está a favor de una reforma del sistema, que incluya "el fortalecimiento de Fonasa, nuevas atribuciones para la Superintendencia, justamente a propósito de contar con mayores instrumentos de regulación y de advertencia, y de, por así decirlo, actualizar cuál es la condición financiera o de operación de los seguros privados".
Críticas por declaraciones de Vallejo
Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo recordó que "lo que se terminó de aprobar no es la propuesta original del Gobierno. Lo que terminó saliendo del Congreso fue fruto de un acuerdo con parlamentarios que en Comisión Mixta también solicitaron ampliar los plazos. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener y ahí está el resultado de la legislación".
Ante estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Javier Macaya (UDI), fustigó que "el Gobierno trate de deslizar la responsabilidad del Congreso, cuando el que interpreta y aprueba los planes de pago es el superintendente de Salud (Víctor Torres), que es un funcionario del Ejecutivo, no del Legislativo, y el Legislativo tenía sus facultades limitadas".
"Ellos son los que tienen que dar las explicaciones, y se las vamos a solicitar en la Comisión de Salud", donde fueron convocados para la sesión de mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el superintendente Torres.
Su par socialista Juan Luis Castro también consideró "increíble que se trate de tirar la pelota al corner, echándole la culpa al Congreso de los males. Esta situación debe revertirse, y eso depende de la Superintendencia de Salud".
FA y DC alistan proyectos para acortar plazos
En paralelo a estos cuestionamientos cruzados, diputados de la Democracia Cristiana y el Frente Amplio anunciaron la presentación de proyectos de ley para que la deuda se pague en menos cuotas.
"Algunos actuamos de buena fe, pensando que las isapres iban a hacerlo también con las personas que están afiliadas. Más allá de aquello, presentaremos un proyecto de ley para que se pague en cuotas iguales estos recursos, que los tribunales de justicia determinaron" como cobros excesivos, adelantó el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría.
A su vez, la diputada del FA Gael Yeomans indicó que este martes "vamos a presentar este proyecto de ley para acortar los plazos, porque si ahora están de acuerdo, perfecto, ya no tenemos obstáculos. Volvamos al plazo original presentado por el Ejecutivo, no tenemos problema", es decir, dando hasta cinco años a las aseguradoras para que salden sus deudas.