La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió este viernes a Chile que emprenda "reformas importantes" para atajar la profunda crisis hídrica que padece el país en su tercer informe de Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) de 2024, que incluye 36 recomendaciones para continuar con el avance en la protección medioambiental.
Así mismo insistió en la necesidad de avanzar en la reforma fiscal verde y de afrontar la contaminación ambiental que esta generando "un grave problema de salud pública".
"Aún quedan muchos desafíos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y la gestión de residuos, y llevar a cabo reformas importantes para enfrentar la grave y cada vez más profunda crisis del agua", destacó en el informe la directora de Medio Ambiente de la OCDE, Jo Tyndall.
La organización aconsejó al país "sobre la profunda crisis del agua que aumenta los conflictos sociales", señalando la importancia de la asignación del agua y la mejora de su calidad, el establecimiento de proyectos pilotos de cuencas fluviales y la necesidad de un comité científico, entre otras.
Por otro lado, el informe hizo hincapié en el "grave problema para la salud pública" que supone la contaminación atmosférica, y la necesidad de "continuar avanzando en los planes de Descontaminación Atmosférica".
POSITIVOS AVANCES
Pese a las recomendaciones y mejoras que la OCDE considera que el país necesita hacer, Tyndall destacó que "ha dado pasos importantes en su agenda ambiental en los últimos años con la aprobación de la "Ley Marco de Cambio Climático, el establecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la ratificación del Acuerdo de Escazú".
La OCDE destacó además, que aunque las instituciones medioambientales se estén fortaleciendo, los recursos para su "correcto desarrollo aún parecen insuficientes", y que es necesario que la reforma fiscal verde continúe.
Para realizar esta evaluación, que comenzó en enero de 2023, se llevaron a cabo entrevistas con instituciones del sector público, ONGs, autoridades locales, organismos internacionales y expertos, entre ellos de España e Israel en calidad de países revisores.
"El aporte principal de la EDA no se reduce a sus hallazgos y a destacar avances, sino que se enmarca en sus recomendaciones, que nos permiten mirar hacia el futuro con la asesoría de una organización internacional reconocida en la materia y avanzar hacia un modelo de desarrollo que concilie el progreso económico y el bienestar ambiental y social ", señaló la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas.
Las anteriores evaluaciones a Chile fueron entregadas en mayo de 2005, con 52 sugerencias, y en junio de 2016 con 54 recomendaciones.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES
Entre las principales recomendaciones del organismo están reforzar la calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental, garantizar una participación significativa de la población -especialmente de las comunidades indígenas- y establecer objetivos climáticos más estrictos para los sectores del transporte y la construcción, además de incrementar la inversión en transporte público sostenible.
"La evaluación, por un lado, reconoce avance, pero nos indica claramente que es aún insuficiente desacoplar el crecimiento económico con las presiones medioambientales, y eso está efectivamente asociado al tipo de actividades económicas que tiene el país", analizó la titular del Medio Ambiente.
En opinión de Rojas, el país ha "transitado, desde un punto de vista en que se podría considerar que la revolución ambiental era una traba al desarrollo, a entender que es una condición del desarrollo y espero que los próximos años sea el desarrollo".
En total son 36 las recomendaciones que se agrupan en categorías, entre ellas coherencia de las políticas para un crecimiento respetuoso con el medio ambiente; cambio climático y contaminación atmosférica, gobernanza y gestión ambientales; y biodiversidad, residuos y economía circular.
Otro punto más en específico abordado es la producción de hidrógeno verde y litio, en los que se sugiere garantizar la inclusión de consideraciones sociales, ambientales y de seguridad en la producción.
Asimismo, garantizar un marco regulatorio, un proceso de concesión de permisos y una planificación de la ordenación del territorio adecuados, además de proteger los recursos hídricos y los ecosistemas.
