La Fiscalía Nacional decidió levantar cargos contra el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, luego de la investigación sumaria abierta en abril por sus dichos contra la Compañía General de Electricidad (CGE).
El sumario había sido solicitado por los abogados de los ejecutivos de CGE imputados por los incendios forestales registrados en la Región, luego de que el persecutor declarara que hay siniestros "que se deben a falta de una adecuada mantención del tendido eléctrico".
Los abogados alegaban falta de cautela de Arias y, según reveló esta tarde La Tercera, el Ministerio Público decidió acusar al persecutor de haber cometido tres infracciones.
La primera es "infracción al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo en forma regular y continua y ajustada a las normas legales, reglamentos e instrucciones, que rijan su desempeño y el funcionamiento del Ministerio Público, debiendo velar por el cumplimiento de las mismas por parte de sus subordinados".
La segunda es una "infracción al deber de obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico", y en tercer lugar que le imputa una "infracción al deber de guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo, la que no puede revelar a terceros sino en virtud de un requerimiento legal o judicial, o con autorización previa del jefe respectivo".
Defensa: Cargos absolutamente infundados
El sumario fue llevado adelante por el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, y sus resultados rechazados por la abogada Marisa Navarrete, quien representa a Emiliano Arias.
"Se le formularon cargos al fiscal Arias. Estimamos que son absolutamente infundados, que no se condicen con los propios elementos que desarrolló el fiscal Paredes y que violentan derechos fundamentales del fiscal", dijo Navarrete a Cooperativa.
La jurista indicó que el persecutor ve afectado su derecho a la libertad de expresión en la medida en que "se le reprime, por así llamarlo, por haber dado declaraciones a la prensa que son inocuas desde el punto de vista de la investigación", pues "si el fiscal dijo que los incendios tenían un origen eléctrico, eso no es revelar ningún antecedente ni dar ninguna opinión".
Tanto la defensa de Arias como el gremio de los fiscales critican el rol del jefe nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott. (Foto: ATON)
"Por otra parte, con esta imputación de cargos eventualmente se expone a una sanción de la cual no va a poder recurrir, y (con ello) se violenta un debido proceso", donde "es esencial contar con una doble instancia", argumentó.
"El fiscal (Arias) no va a tener esa posibilidad, porque la persona que ordenó este sumario administrativo fue el propio fiscal nacional, y es la persona que va, eventualmente, a aplicar una sanción", señaló Marisa Navarrete, que espera presentar los descargos formalmente en las próximas horas, antes de que el Cristián Paredes proponga las eventuales sanciones.
Una postura similar tuvo el abogado Mauricio Daza, uno de los querellantes en la causa.
"No se explica cómo los dichos del fiscal Arias, los cuales han sido avalados por resoluciones judiciales que se han adoptado en el contexto de esta investigación, puedan dar origen a la formulación de cargos en su contra", dijo el jurista.
"La verdad es que parece que al interior del Ministerio Público, aquellos fiscales que hacen bien su trabajo son castigados más que avalados en el cumplimiento de su deber constitucional y legal", añadió Daza.
Rechazo en la Asociación de Fiscales
La decisión fue criticada con dureza por la Asociación Nacional de Fiscales, que publicó en su página web un "comunicado de Apoyo a Fiscal Regional de O'Higgins".
La organización expresó "rechazo" y "profunda preocupación" frente a la medida, señalando que el sumario fue "injustificado y busca perjudicar el trabajo del equipo investigativo".
"Apoyamos el actuar del Fiscal Arias, ya que, a nuestro parecer, este tipo de reclamos o artilugios, no constituye una situación aislada, sino una práctica y estrategia habitual de abogados litigantes que buscan atacar al fiscal investigador para desprestigiarlo, desestabilizarlo, y perjudicar directamente su trabajo, añadiendo preocupaciones indebidas a su labor", dice la Asociación.
"Creemos fehacientemente que la cúpula de nuestro Ministerio Público debería poner freno a estas estrategias, en lugar de darle curso a cualquier reclamo que se interponga por abogados con intereses directos en perjudicar el trabajo del persecutor al que acusan, como creemos que ha pasado hasta ahora", señala la organización gremial, remarcando que "la incertidumbre que rodea estas acciones administrativas afectan claramente la independencia y autonomía (...) que cada Fiscal Adjunto del país debe tener en el ejercicio de sus funciones".
En conversación con Cooperativa, la presidenta de la organización, Trinidad Steinert, insistió en que no están de acuerdo en esta formulación de cargos e incluso le preocupan.
"Nos oponemos que frente a estas intervenciones de estos abogados se inicie un sumario efectivamente por parte de la autoridad. Si es el Fiscal Nacional decide hacerlo, por lo menos que tengamos criterios claros en qué casos efectivamente se van a realizar o no, para evitar que se afecte la independencia de los fiscales", añadió la fiscal Steinert.
Emplazamiento a Jorge Abbott
La Asociación de Fiscales se pronunció también a través de su cuenta de Twitter, donde emplazó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a que "abandone su política de sumariar a quienes como @emilianoarias hacen su trabajo, caiga quien caiga.
Cabe recordar que en agosto del año pasado Abbott removió al fiscal Arias de la investigación del caso Corpesca luego de señalar en una entrevista que "la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos" y donde "hay corrupción".