La Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó la petición de suspender el desalojo de la toma Lajarilla, ubicada en Reñaca Alto, Viña del Mar, lo que obliga a más de 80 familias a abandonar el terreno este martes a las 09:00 de la mañana.
La solicitud había sido presentada por los propios probladores, quienes manifestaron su voluntad de desalojar, pero pedían garantías para hacerlo en condiciones seguras.
Sin embargo, el tribunal de alzada resolvió que, atendido el mérito de los antecedentes, no ha lugar a lo solicitado.
Gustavo Burgos, abogado de las familias afectadas, manifestó que "lamentamos la resolución de la ilustrísima Corte, de momento que no solo deja en la indefensión a más de 300 personas, son más de 80 familias, dentro de ellos un centenar de niños, adultos mayores y personas discapacitadas, sino que, además, incumple lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema, que previno como condición necesaria para que tenga lugar este lanzamiento el respeto de dos elementos fundamentales".
"El primero es que exista un albergue que permita las condiciones de habitabilidad y de dignidad de existencia de los pobladores. En segundo lugar, que se respete y se permita a los mismos retirar sus enseres de la manera como está previsto en esta misma resolución", complementó.
En tanto, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Carabineros y el municipio trabajan en un operativo para concretar el desalojo y evitar incidentes durante el procedimiento.
Respecto a esto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, afirmó que se han "realizado todas las coordinaciones, tanto con los equipos municipales como con el resto de los servicios públicos involucrados en este proceso, esto con la finalidad de garantizar la seguridad pública, el resguardo de los protocolos y los derechos humanos de quienes habitan en dicho asentamiento".
"Cabe destacar que este terreno corresponde a una propiedad privada, el cual su dueño no está dispuesto a vender. No obstante, por parte de los incumbentes se han presentado todas las instancias posibles ante la justicia y se logró prorrogar todo cuanto fue atendible", puntualizó.
"Por su parte, el municipio intentó interceder en varias ocasiones, tanto intermediando con el dueño como ante tribunales, logrando los aplazamientos conocidos por la opinión pública. Ante esto corresponde acatar lo dispuesto por la justicia", cerró la autoridad regional.
