Apenas un año después de dejar la presidencia de Ecuador, en mayo de 2017, Rafael Correa podría ser este lunes vinculado a una investigación fiscal por el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, delito penado con prisión.
El ex asambleísta Fernando Balda, conocido crítico de Correa, denunció hace seis años haber sido secuestrado, pero no ha sido hasta principios de este año cuando la Fiscalía inició una investigación reservada y solicitó las primeras versiones.
Ex diputado del Partido Sociedad Patriótica, Balda denunció haber sido forzosamente introducido en un vehículo por cinco personas, aunque la policía colombiana interceptó el coche y frustró el aparente intento de secuestro.
El viernes, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho fijó para este 18 de junio la audiencia de vinculación del mandatario a la investigación fiscal sobre el presunto plagio. En un escrito, señaló que la audiencia se llevará a cabo en una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, en el casco comercial de Quito, informó la agencia publica de noticias Andes.
Camacho había solicitado esta semana a la Asamblea Nacional (Parlamento) que se pronunciara al respecto, una petición interpretada como una autorización de luz verde previa al enjuiciamiento del exmandatario, y que la Cámara declaró improcedente antes de resolver en votación que Correa ya no goza de fuero o inmunidad parlamentaria.
La decisión legislativa permite a la jueza, según analistas, vincular a Correa al considerar que ya no goza de fuero parlamentario por haber dejado de ser gobernante desde mayo del año pasado.
Fiscal dice que hay suficientes elementos para vincular a Correa
Esta semana, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, dijo que han aparecido datos sobre la presunta participación de Correa en el supuesto secuestro de Balda, un político opositor que en su momento denunció un aparente complot para capturarlo cuando se encontraba en Colombia en 2012.
La Corte Nacional de Justicia ordenó, por el caso Balda, la prisión preventiva, con fines de investigación, del excomandante de la Policía Fausto Tamayo y del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero.
La jueza Camacho vinculó a ambos como "presuntos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda".
La presunta víctima, justamente, formalizó el viernes su acusación particular contra Tamayo y Romero y aseguró que, una vez que se determine la vinculación de Correa, también lo hará contra el ex mandatario.
Correa tachó de "farsa" el proceso legal
En Ecuador el caso ha desatado una tormenta política y judicial ante el posible enjuiciamiento de Correa, en un caso en el que ya hay tres antiguos miembros de la inteligencia procesados.
Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las inculpaciones y ha advertido de una presunta persecución política en su contra.
El ex presidente tachó este domingo de "farsa" el proceso legal: "Me quieren fuera del mapa político porque ese conjunto de mediocres sabe que nunca me va a poder vencer", dijo Correa en una entrevista con Efe en Bruselas, en alusión al Gobierno de Lenin Moreno.
El ex presidente prestó declaración de forma voluntaria sobre el caso el mes pasado desde el Consulado ecuatoriano en Bruselas, donde negó cualquier vinculación con el secuestro del político opositor.