Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil dictó una medida cautelar que ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores, lo que podría llevar a la excarcelación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del juez Marco Aurelio Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello puede beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.
En su decisión, el magistrado estableció como única excepción los casos de las personas que están en prisión preventiva, regulada por otro artículo y dictada cuando es necesario dar "garantías para el orden público, económico o conveniencia" del proceso judicial.
La petición fue realizada por el Partido Comunista do Brasil
La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso hasta el próximo mes de febrero.
Entre sus argumentos para aceptar la cautelar, Mello indicó que "la ejecución provisional de la pena produce como efecto colateral el agravamiento de la selectividad en el sistema penitenciario", que se caracteriza por el elevado grado de hacinamiento.
Según el magistrado, "el cuadro de delincuencias de todo orden, de escándalos en el campo administrativo, que relevó una corrupción inimaginable, apenas conduce a la marcha procesal segura, observando los dictámenes constitucionales y legales".
Mello sostiene además que "no apenas los condenados en segunda instancia por corrupción o crímenes denominados de 'cuello blanco'" están en prisión por haber sido hallados culpables en la segunda instancia, sino también "miles de ciudadanos acusados" de cometer otros delitos.
La apelación de la Fiscalía
En este contexto, la Fiscalía General de Brasil presentó una apelación con carácter de urgencia contra la medida cautelar presentada por el Magistrado.
"A fin de evitar una grave lesión al orden y la seguridad", la titular de la Fiscalía General, Raquel Dodge, pidió al Supremo "la suspensión" de esa medida cautelar hasta que sea juzgada en el pleno del Tribunal, lo que solamente podría ocurrir en febrero del año próximo, cuando concluirá un receso judicial que comenzó hoy.
La apelación de la Fiscalía General deberá ser analizada por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Tóffoli, quien ha quedado como único responsable del tribunal una vez que ha comenzado el receso.
En su alegato, la Fiscalía expone que la posibilidad de ejecutar la pena ya con una condena en segunda instancia, aún cuando resten apelaciones, fue establecida por el propio Supremo en 2016.
Recuerda que, este mismo año, al analizar un recurso presentado por la defensa de Lula, el Supremo ratificó esa jurisprudencia, en una ajustada votación de los magistrados que concluyó 6-5.
Cabe señalar que la defensa de Lula se movió con rapidez y en menos de una hora después de conocida la cautelar solicitó su liberación, aunque la jueza responsable del caso aún no se ha pronunciado y podría esperar a que primero lo haga el presidente del Supremo sobre la apelación presentada por la Fiscalía.
