Actualmente, el trámite para expulsar personas de nacionalidad extranjera puede demorar hasta siete años.
Desde la Casa Rosada aseguran que actualmente el 21,35 por ciento de la población carcelaria es extranjera.
Según el gobierno argentino, el 33 por ciento de los presos por delitos vinculados al narcotráfico son extranjeros.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmó un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves, según publicaron medios locales.
"Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación", se indica en el texto oficial.
Para razonar estas modificaciones, se explica que el número de inmigrantes en las prisiones del país se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria y que, en relación a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33 por ciento de los presos son extranjeros.
Entre las causas para impedir el ingreso y permanencia de extranjeros se encuentra haber sido condenado o estar cumpliendo condena, tener antecedentes o condena no firme en Argentina o el exterior, así como de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, entre otras.
Como excepciones, el Gobierno señala que podrá admitir en el país, "únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia" en determinadas condiciones, a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y los que hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.
Este endurecimiento de la política migratoria argentina se viene debatiendo desde las últimas semanas, con críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales, que han acusado al Gobierno de utilizar datos "sesgados" para "responsabilizar" a los extranjeros de los delitos de narcotráfico.
