El Estado de Panamá pagará poco más de 11 millones de dólares a 15 víctimas de la dictadura militar (1968-1989), según lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aceptado por las partes en un acuerdo de solución amistosa, informó este lunes una fuente oficial.
La Contraloría General de Panamá refrendó el pago de la indemnización, que es por un monto total de 11.024.410,83 dólares, que se hará efectivo en tres cuotas de 3.674.803,61 cada una, precisó este ente público en un comunicado.
El Ejecutivo panameño "se comprometió y autorizó como parte de la deuda nacional, la indemnización de 15 víctimas descritas en el punto 3 del Acuerdo de Solución del caso 13.017-C admitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reconociendo la responsabilidad sobre los hechos ocurridos a las víctimas", dijo un comunicado oficial.
El pago fue decretado "conforme a los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la indemnización de víctimas apresadas, maltratadas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas".
El monto se calculó "mediante análisis actuariales que han tomado en consideración nivel socioeconómico, edad, expectativa de vida, educación, ingreso promedio proyectado y finalmente la tasa de inflación calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República (INEC), medida por el Índice de Precios al Consumidor", detalló la Contraloría General.
En un informe de solución amistosa del caso 13.017C, emitido en junio de 2019, la CIDH explicó que el proceso fue planteado en octubre de 2003 por el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG) y del Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI).
En la petición se alegó que, en un contexto de violencia y abuso de poder que habría imperado durante la dictadura militar instaurada en Panamá desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989, 109 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
En el informe, la CIDH indicó que en diciembre de 2018 fue informada de que las partes habían iniciado de manera bilateral la negociación de un acuerdo de solución amistosa, el cual se concretó en mayo de 2019 en el caso de 15 víctimas y 66 familiares adheridos al acuerdo de solución amistosa.
En su informe de junio de 2019, la Corte Interamericana señaló que el Estado panameño se encontraba "avanzando en otros procesos de negociación de solución amistosa relacionados con las demás víctimas" del caso 13.017-C.
"Los peticionarios alegaron la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 109 personas entre octubre de 1968 y diciembre de 1989, en Panamá. Según lo alegado, estas violaciones habrían sido cometidas por funcionarios del régimen militar, en conformidad con la política general de eliminación de opositores que habría sido instaurada por el gobierno militar", señaló el informe de la CIDH.
