La canciller alemana se refirió a las protestas ultraderechistas y los sucesos violentos con refugiados presuntamente involucrados.
La autoridad germana entiende la indignación de los ciudadanos ante actos de violencia.
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este miércoles que "no hay disculpa" para el odio, la violencia contra extranjeros y el uso de consignas nazis, tras las protestas ultraderechistas y los sucesos violentos con refugiados presuntamente involucrados.
En su intervención ante el Parlamento en el debate de los presupuestos para 2019, la canciller dijo entender la indignación de los ciudadanos ante actos de violencia y aseguró que la Justicia recaerá sobre los culpables, independientemente de su nacionalidad.
Merkel se refería a la muerte de dos alemanes en dos hechos separados en las últimas tres semanas por los que se ha detenido a cuatro peticionarios de asilo y a las protestas ultraderechistas subsiguientes, que han polarizado a la sociedad alemana.
Reconoció que al manifestarse, los ciudadanos han expresado lo "confusos" que están y que la obligación de la clase política es "tomarse en serio" las preocupaciones de la población.
Pero al mismo tiempo se refirió al artículo primero de la Ley Fundamental alemana que dice que "la dignidad humana es inviolable" y agregó que si respetarla y protegerla es obligación de todo poder público, también lo es de todas las personas.
Al mismo tiempo, la canciller advirtió en contra de generalizar sobre regiones y poblaciones concretas, al referirse a los que consideran el este de Alemania, y en particular al estado federado de Sajonia, de bastión de la ultraderecha.
Señaló que "las generalizaciones son erróneas y están totalmente fuera de lugar", y recordó que este mismo principio es aplicable al referirse a los solicitantes de asilo que se residen en Alemania.
"No vamos a permitir que subrepticiamente se marginen grupos enteros", dijo, y subrayó que judíos, musulmanes, cristianos y ateos forman todos parte por igual de la sociedad alemana.
Merkel recordó que en un Estado de derecho las reglas existentes "no pueden ser sustituidas por emociones".
Reconoció que los ciudadanos tienen derecho a un Estado de derecho operativo en la práctica diaria y aludió a las medidas emprendidas, como la de crear tres mil nuevos puestos de trabajo en las fuerzas de seguridad, destinar cincuenta millones de euros adicionales a su equipamiento y otros 85 millones de euros a la digitalización, además de invertir en ciberseguridad.
