Gracias a un protocolo de acuerdo presentado por el Gobierno en relación con los recursos asignados al Ministerio de Educación, la Sala del Senado despachó las 32 partidas -más el articulado- del Presupuesto 2025 la madrugada de este viernes.
Lo planteado en la víspera por el ministro Nicolás Cataldo, cuyo sector obtendrá la mayor asignación de recursos del proyecto -17 billones de pesos- fue visado por 27 apoyos, sin votos en contra ni abstenciones, consignó La Tercera.
Esta fue la última partida discutida por los senadores, después de que durante el jueves aprobaran los recursos para Gobiernos Regionales; Vivienda; Tesoro; Medio Ambiente; la Segegob; la Segpres, el Ministerio de Desarrollo Social y Cultura.
Casi al finalizar la sesión, el presidente de la Cámara Alta, José García Ruminot (RN), indicó a los parlamentarios que, de ser constituida una segunda comisión mixta en la materia, estará conformada por miembros de las instancias de Hacienda.
Los SLEP y la "tómbola" protagonizaron el debate
Una de las principales trabas de esta partida fue el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), pero éste se repuso a raíz del compromiso del Gobierno que, entre otros elementos, incluye un fondo de incentivo a la administración de los mismos, el que se va a informar a las comisiones de Educación de forma trimestral.
"Va a perfeccionarse mediante indicación para poder establecer la asignación de recursos sobre la base de elaboración de un plan de gestión que incorpore compromisos de desempeño que optimicen el funcionamiento de los servicios locales con criterios objetivos y que pueda resolver los problemas de sostenibilidad financiera de los servicios", sostuvo el ministro.
La glosa de los SLEP también incorpora aspectos como la revisión de dotaciones, evolución de la matrícula y asistencia, así como medidas para reducir el ausentismo y recuperar licencias médicas.
Respecto a otros ámbitos, se asumieron compromisos en 25 puntos, como fortalecer el fondo de infraestructura educativa, implementar un plan de recuperación de los liceos emblemáticos, autorizar licitaciones plurianuales de la Junaeb para minimizar demoras en la entrega de útiles escolares, etcétera.
Por otro lado, frente a la moción que suprimía el Sistema de Admisión Escolar (SAE) en 2025, el Mineduc estableció una fórmula para eliminarlo: en enero próximo, se convocará una mesa técnica que evalúe cómo optimizar la llamada "tómbola", y en marzo evacuará un informe de recomendaciones, con el fin de modificar los dos proyectos que pretenden reformar la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.
De esta manera, se suspende este sistema y mientras no se promulgue dicha ley, la cartera queda habilitada para ejecutar uno alternativo que permita ordenar el SAE hacia 2026.
"Durante el año 2025, para el proceso de admisión escolar del año siguiente, no se implementará lo relativo a la aplicación del procedimiento de admisión aleatorio proporcionado por el Ministerio de Educación", dijo su titular, Nicolás Cataldo.
"En su reemplazo, mientras no se haya dictado la ley que modifique el Sistema de Admisión Escolar, la cartera deberá regular el procedimiento alternativo de admisión mediante un Decreto Supremo", añadió.
Esta voluntad de eliminar la "tómbola" fue celebrada por la diputada Natalia Romero (bancada UDI): "Estamos muy satisfechos de que se haya aprobado uno de los principales anhelos de las familias chilenas, que era poner fin a este pésimo sistema que lo único que estaba provocando era dañar la educación de nuestro país. Lamentablemente, por querer cambiarlo todo, actualmente tenemos un sistema que no premia el rendimiento académico de los estudiantes, que no privilegia la cercanía de los colegios con el hogar y que, incluso, por muchos años, obligó a cientos de apoderados a tener que acampar durante varias semanas para tratar de conseguir una matrícula. Todo eso, sin embargo, se va a terminar con este acuerdo que hemos suscrito en el Congreso".
Reserva de constitucionalidad por prohibición de gratuidad a estudiantes sancionados por violencia
El Senado mantuvo una indicación aprobada previamente en la Cámara, que señala que los estudiantes sancionados por "hechos graves de violencia" no tendrán derecho a acceder a la gratuidad universitaria.
Frente a esta polémica decisión, la senadora Claudia Pascual (PC) hizo reserva de constitucionalidad y acusó un "doble castigo y discriminación" a los alumnos eventualmente afectados por la norma.
